Hablar de Reforma Educacional, es hablar de alguna manera de historia, ya que la puesta en marcha de la actual Reforma Educacional Chilena se remonta desde hace diez años, es decir con el advenimiento de la democracia y como una de las prioridades del nuevo gobierno. La calidad y la equidad en la educación pasó a ser un punto relevante dentro de la nueva agenda administrativa del país, ésto trajo como consecuencia un sin número de tareas de una importancia no menor. La capacitación de los docentes, la inversión en infraestructura y la ampliación de la jornada a una jornada única implica un costo enorme para el estado pero también para los agentes que participan directamente de los cambios educacionales, es decir profesores, alumnos y apoderados.La Reforma implica entonces un cambio en los modelos de enfrentar la educación, implica también y en forma sustancial, una reforma a nivel curricular que esté sustentada en marcos teóricos sólidos y adecuados a las nuevas exigencias que presenta la modernidad.La disciplina psicopedagógica nunca ha estado ajena a esta situación ni a este proceso de cambio, sin ir más lejos muchos de los programas actualmente utilizados en el aula ya eran manejados, propuestos y ejecutados por profesionales psicopedagogos en sus respectivos quehaceres (ya sea en consulta o en aulas con menores con necesidades educativas especiales), sin embargo tanto los que impulsan la Reforma como los profesores colegiados que han llevado adelante sus estatutos docentes, no han considerado adecuadamente dentro de tales procesos de cambios pedagógicos y/o curriculares el aporte que puedan hacer los psicopedagogos en relación al aprendizaje, al diseño de estrategias (no olvidar que la formación de este profesional lo faculta para tal efecto) o a la incorporación como agente activo dentro de las decisiones de un establecimiento educacional. Cabe preguntarse entonces, si pensamos que el aporte del profesional psicopedagogo puede ser concreto y sustancial, por qué hoy día no se le ha incorporado a estos cambios, o por qué no existen unidades de psicopedagogía en todos los colegios, liceos y universidades si cada vez se presentan más y más dificultades en relación al aprendizaje.
Motivaciones de la Reforma
Con la reforma se persigue elevar la calidad de la educación en los colegios subvencionados.
En particular, la extensión de la jornada tendría los siguientes efectos: más tiempo para las actividades docentes, con la consiguiente mayor dedicación de los profesores a un mismo grupo de alumnos; más tiempo para alternar el trabajo intensivo de aula con actividades complementarias y; menor exposición de los niños a situaciones de riesgo, especialmente en sectores de mayor peligrosidad. Además se menciona el fortalecimiento del sentido de pertenencia de los alumnos con sus respectivos colegios.
En suma, la extensión de la jornada escolar se considera una condición necesaria para elevar la calidad de la educación, en términos de reducir las restricciones de tiempo que han enfrentado los programas de mejoramiento educativo que se vienen implementando en los últimos años. Por su parte, el programa de perfeccionamiento docente apunta a elevar la calidad de los profesores, con el propósito de convertirlos en activos promotores de la renovación de los proyectos educativos en cada colegio. La idea de los liceos de excelencia se inserta en la búsqueda de una mayor equidad, incrementando las oportunidades a los jovenes talentosos de sectores menos favorecidos.
Finalmente, la modificación a la ley de donaciones con fines educacionales busca ampliar las posibilidades de participación privada en el financiamiento de la educación subvencionada, generando incentivos hacia la focalización de proyectos educativos en los colegios más pobres del país.
Extenciòn de la jornada escolar.
Se hace obligatoria la jornada completa para todo el sistema subvencionado que atiende a niños desde 3° básico a 4° medio. El aumento en el mínimo de horas pedagógicas será del orden de un 17%. En educación básica, el mínimo de horas pedagógicas será de 38 horas y en la enseñanza media de 42 horas. Se establece un tiempo de permanencia de los alumnos en el establecimiento que permita combinar adecuadamente las horas de clases con recreos y colación, y la disponibilidad plena del establecimiento para las actividades lectivas y extraprogramáticas.
Para el financiamiento de la extensión de jornada se contempla aumentar en 24% la subvención educacional que entrega el Estado a los establecimientos. También se crea una subvención adicional para mantenimiento, que alcanza a un 3% de la subvención actual. Este aporte adicional se pagará en una cuota al año durante el verano, cuando los colegios realizan las actividades de mantención.
Los recursos necesarios para financiar el aumento de 24% de la subvención se han estimado en US$ 230 millones anuales. Para la subvención de mantenimiento se requerirían US$ 50 millones anuales a partir del año 2002, cuando la totalidad de los establecimientos se incorporen al régimen de jornada completa.
Los requisitos para que los establecimientos se incorporen al nuevo régimen son tres: (a) tener un proyecto pedagógico adecuado a una jornada completa, que será presentado por cada sostenedor (municipalidad, empresario privado, o fundación); (b) la existencia de dotación suficiente para llevar a cabo la reforma y la capacitación de los docentes y; (c) los establecimientos deben tener resuelta la incorporación de todos sus alumnos a la extensión del horario, o al menos acreditar la ubicación de los alumnos excedentes en otros establecimientos educacionales.
Mayor infraestructura
El proyecto impone un costo adicional a los sostenedores que no tendrían infraestructura suficiente para atender a todos los alumnos en jornada completa. En este caso se contempla un aporte suplementario en función del número de alumnos que sobrepasan la capacidad de cada establecimiento y el tipo de inversiones requeridas. El aporte se haría efectivo en el momento en que el establecimiento cuente con un proyecto de inversión que resuelva sus necesidades de infraestructura.
De acuerdo a estimaciones hechas por el Ministerio de Educación, hay unos 3.600 establecimientos de un total de 9.000 -o 760.000 alumnos de un total de 2,5 millones- que requerirían infraestructura nueva para acceder a la jornada completa. El costo total estimado es de US$ 610 millones, distribuidos entre 1997 y el año 2016. También se ha considerado financiar la asistencia técnica para preinversión al 50% más pobre de los establecimientos educacionales, con un costo de US$ 12 millones en el período 1997-2002.